Plantear nuevamente una histórica discusión sobre el carácter técnico o político de la proble-mática de la gestión pública, máxime en términos antagónicos, resulta una simplificación. La simple aceptación de la existencia de valores organizacionales, de la identificación y estructuración de todas las políticas estratégicas y operativas y de sus procesos, en relación a la interpretación de la demanda externa y su permanente preocupación por la mejora en la satisfacción (del ciudadano), obviarían la necesidad de explicar el contenido ideológico fundante que tiene todo sistema de gestión. Cuando a ese sistema lo denominamos "de calidad", entendida ésta como una propuesta sistémica de gestión organizacional, le adicionamos una opción de conceptos, valores y metodología que hace imposible descartar su componente político-ideológico.
Pretendemos plantear otros temas que impregnan la problemática de la gestión pública como, por ejemplo, la existencia de un "deber hacer" más que la de una opción de "poder hacer" (pretendido origen voluntario de los sistemas de calidad) sin dejar de aclarar que, a nuestro entender, tampoco la gestión privada puede manejar los temas que hacen a su propia sustentabilidad tan libremente. Perdería sentido el hablar de sustentabilidad del desarrollo (con lo que su concepto implica) y de responsabi-lidad social (con lo que su definición comprende), si no se empieza por aceptar el pensar nuevamente el rol de las organizaciones que conforman el entramado social del nuevo milenio.
La existencia misma del Estado, pensado como ámbito de resolución de los problemas que hacen a la "búsqueda del bien común o general" y de "definición, obtención y administración de los bienes o recursos comunitarios" obliga a desarrollar una estructura organizacional que dé la posibilidad de concreción de tales fines. La administración pública cobra sentido en la medida que asume su rol de "gestión de las políticas públicas". El producto demandado por la sociedad a la administración pública es la definición y concreción de las políticas públicas mediante lo que denominamos servicios públicos. La problemática del contenido de las políticas públicas se resuelve, dentro de nuestro sistema político-institucional y en el marco de la democracia, mediante el sistema de selección de representantes; éste es el componente ideológico de las políticas públicas al decidir periódicamente qué hacer y quiénes deben hacerlo.
Es responsabilidad indelegable de los que tienen la representación social el garantizar la concreción de las políticas públicas que deben administrar o gestionar. Esto obliga a hacerse cargo, desde la responsabilidad política, del diseño y funcionamiento del aparato público de gestión; desde cada lugar y con el alcance de cada competencia.
En nuestra realidad, esta obligación de resolver cómo gestionar las políticas públicas, adquiere una importancia fundamental por la poca atención que se ha dado históricamente a la estructuración y funcionamiento del aparato público de gestión. El desarrollo de la vida comunitaria ha comprendido siempre la discusión por cómo debe estructurarse el sistema político-institucional. Desde la creación de lo que conocemos como estado-nación el debate se centró en el rol del Estado, responsabilidades y competencias, agudizándose el mismo en los últimos cincuenta años y hoy, además, conviviendo con los desafíos que implica el proceso de globalización. Nuestro país no ha sido ajeno a ese debate y las consecuencias se reflejan en una administración pública que, en términos generales, no ha vehiculizado adecuadamente las demandas de la ciudadanía ni los requerimientos de las dirigencias políticas.
Las propuestas valorativas y metodológicas que ofrecen los sistemas que denominamos de gestión de la calidad han demostrado ser de gran utilidad para la reorganización y modernización de la administración pública. Requieren un esfuerzo de adecuación a la lógica y características de los servicios públicos, pero en la actualidad podemos demostrar su aplicabilidad en ámbitos ejecutivos de la administración pública nacional, provincial y municipal; como también en los legislativos y judiciales. Es posible, también, encontrar experiencias que muestran tendencias crecientes en sectores específicos de la administración del uso regular de estas herramientas. Un ejemplo serían los denominados organismos de control y la gestión municipal.
Estamos en un contexto, a nuestro entender, favorable para un direccionamiento que permita un avance cualitativo en el mejoramiento de la gestión pública. La dirigencia política está ocupando el espacio que el sistema institucional le confiere como tal, asumiendo que la responsabilidad política exige, a los que tienen compromisos funcionales en el Estado, el garantizar la concreción de las políticas públicas que van generando y que estas realizaciones sólo son posibles si se desarrollan políticas activas ten-dientes al mejoramiento de la estructura pública de gestión. La ciudadanía está valorando y reconociendo las mejoras en los servicios públicos cuando estos son percibidos. El agente público está percibiendo, cuando participa en procesos de mejora, que tiene una oportunidad de re significar la importancia de su aporte frente a la comunidad y revalorarse en su trabajo.
La etapa de desarrollo conceptual y de experiencias aisladas, pero verificables mediante ejemplos en los distintos ámbitos de la gestión de lo público, ahora tendría que dar paso al diseño de políticas que comprendan una planificación ordenada del mejoramiento de la administración. Estamos participando en experiencias de aplicación de estas herramientas que deberían marcar una tendencia en ese sentido. Gobiernos provinciales que definen una política general de mejoramiento (ejemplo, las Provincias de Buenos Aires y Mendoza) ; áreas de gestión municipal que encaran proyectos cuyas experiencias son aplicables en otros municipios (ejemplo, administraciones tributarias, de defensa del consumidor, de empleo, de turismo); legislatura nacional y legislaturas provinciales que están planificando un desarrollo integral de mejora o ministerios nacionales desarrollando la implementación de programas específicos en municipios
( ejemplo el Ministerio de Trabajo de la Nación en conjunto con el CECAM-FAM).
Sin duda, estamos lejos de lo que debería ser una administración pública que satisfaga plenamente las demandas ciudadanas, que garantice la concreción de las políticas públicas o que articule la gestión de lo público y lo privado facilitando la sustentabilidad del desarrollo, pero es innegable que hay una realidad que nos esta permitiendo tener una visión más optimista. Las demandas y necesidades insatisfechas, los derechos ciudadanos no garantizados plenamente hacen imprescindible no perder tiempo.
*Dr. Mario Font Guido. Director General del Centro de Calidad y Modernización de la Gestión Municipal- CECAM de la Federación Argentina de Municipios – FAM |
